El presente y el futuro inmediato de las actividades pesqueras se inscriben en una profunda transformación de la perspectiva, expectativas y estrategias de Europa respecto a la política marítima en los últimos años. Por una parte, la Política Marítima Integrada (2007),1 se ha convertido en la plataforma institucional más ambiciosa de la Unión Europa respecto del mar y las posibilidades de aprovechamiento económico del territorio y los recursos marítimos, abarcando a distintas actividades y recursos, como la energía, acuicultura, turismo marítimo y costero, recursos minerales marinos o la biotecnología azul. Por otra parte, y no sin contradicciones ya reseñadas (Suárez de Vivero, JL & Rodríguez Mateos, 2012) la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina (2008)2 pretende establecer un marco de acción comunitaria para la política del medio marino, estableciendo la obligación de conseguir un buen estado ambiental de las aguas marinas europeas mediante la elaboración de estrategias capaces de mantener la biodiversidad y preservar la diversidad y el dinamismo de océanos y mares que sean limpios, sanos y aprovechables sosteniblemente.
Esta apuesta se ha trasladado al caso español, mediante la Ley 41/2010 de protección
del medio marino, que se convierte en el marco general para la planificación del medio marino, con el objetivo de lograr su buen estado ambiental, teniendo en cuenta, no sólo la actividad pesquera, sino el impacto de otras acciones humanas (desde la navegación a las instalaciones de producción energética y de recursos minerales, pasando por el turismo, la industria biotecnológica, residuos agrícolas y urbanos, etc.). En referencia a nuestro objeto de estudio, esta ley es de gran importancia, pues mediante la misma se crea la Red de Áreas Marinas Protegidas (RAMPE), no regulada hasta ese momento.
De forma paralela y descendiendo a la política sectorial, la Política Pesquera Común (PPC) ha sido recientemente sometida a un proceso de reforma de la que emergen distintas líneas de actuación que pueden favorecer el impulso de iniciativas de las flotas artesanales, como: i) la asignación de posibilidades de pesca, según criterios ambientales, sociales, históricos, de pesca responsable; ii) el incentivo a buques con artes más selectivas; o iii) el impuso a modelos de co-gestión (en el sentido de participación de las partes interesadas en las herramientas de gestión de los recursos). Es decir, que las pesquerías artesanales o de pequeña escala pasan a convertirse en objeto preferente de atención política, siendo objetivo de nuevas líneas de intervención, en tanto sus pautas y características pueden favorecer la consecución de objetivos de sostenibilidad, entendida en un sentido amplio (ecológica, económica, socio-cultural y político-institucional).
Desde la optica de lo local, una de las herramientas de apoyo al sector pesquero para la consecución del objetivo de la sostenibilidad de las pesquerias, apuntada en la PPC, se concreta en la realización de preevaluaciones siguiendo el estandar del Marine Steward Council (MSC). El objetivo de SOLDECOCOS al emplear este standar es proveer a los pescadores y sus asociaciones del conocimiento sobre el estado de sus pesquerías para colaborar en una gestión y planificación más ajustada a criterios de sostenibilidad.
